Mi sistema de acceso

Cuando se identifica un problema, lo lógico y necesario es atacarlo de raíz, a su núcleo duro para erradicarlo de manera efectiva. Afrontar un problema con soluciones superficiales puede ser beneficioso a corto plazo, si bien acabará dando lugar a un problema mayor o incluso a nuevos problemas. Esto es precisamente lo que va a ocurrir con el sistema de acceso a la abogacía que se va a implantar con la Ley 34/2006 el próximo curso académico. De sobra es conocido el contenido de la citada ley, así que me limitaré a subrayar algunos esos problemas. Por un lado, la ley exige completar un master, lo cual tiene tres implicaciones:

• Un master no es un grado o licenciatura. Como su nombre indica, son estudios de especialización, por lo que lo lógico y coherente es que las clases sean muy reducidas en cuanto número (hacer lo contrario sería desnaturalizar el concepto de master y convertir todavía más inútil el sistema de acceso). Si a esto le sumamos que la mayoría de las universidades no ha implantado el master, entonces obtenemos el primer  y magnífico problema: no va a haber plazas para todos.
• Fruto de esa especialización, los créditos son notablemente más caros que durante la licenciatura/grado. Las matrículas serán altas y no accesibles para todos. La DA 2ª de la Ley prevé un mandato para crear un sistema de becas, si bien siendo realistas, pensar en la efectiva implantación de tal sistema cuando apenas quedan siete meses para que comience, es poco menos que una utopía. Vaya, parece que hemos obtenido un flamante segundo problema: el sistema de acceso es una barrera económica y no técnica como debiera.
• El master es requisito indispensable para hacer el examen de acceso, si bien no guardan relación. Un examen sin puntuación y excesivamente genérico. Qué casualidad, tenemos un tercer problema: voy  hacer un master para que luego me digan que soy “apto”.

Estos son algunos de los problemas, a lo que podemos sumar aspectos como: problemas con las prácticas obligatorias… Todo ello me lleva a pensar que el sistema implantado con la Ley 34/2006 es un sistema que ataca el problema del exceso de abogados/facilidad de acceso a la profesión, desde una posición superficial. Mis propuestas, brevemente planteadas, para mejorar la profesión serían:

• Recuperar el prestigio de los estudios de Derecho: acabar con la noción de que Derecho es una carrera clásica para quienes no saben qué hacer con su futuro. Que estudiar Derecho sea visto como un privilegio y como una carrera clave para la sociedad. Esto lo podemos conseguir endureciendo el acceso a las facultades basados en el sólo criterio académico, no económico. Que la nota de corte sea más elevada, o que se diseñe un curso cero como requisito para acceder a la facultad.
• Rediseñar los programas: acabar con la rigidez de los programas universitarios, un enfoque más práctico de las asignaturas, más oratoria, más intervención del alumno y menos horas de escuchar al profesor leyendo el manual. Que el alumno adelante la clase por su cuenta, y la clase sea una puesta en común de dudas y una aplicación práctica. De que me sirve acudir a una clase donde se me expliquen las cien teorías de los swaps si nunca he visto un contrato donde se recogieran.
• Selectividad jurídica: examen de Derecho, que abarque las materias clave, a realizar tras acabar la carrera. Examen duro, exigente y con dos convocatorias anuales. Tasas públicas, para que el obstáculo no sea económico sino de mérito.

Estas son algunas ideas, totalmente opinables y criticables. Porque la crítica es positiva cuando es constructiva, y las opiniones son necesarias. Lástima que se aprobara la Ley 34/2006 sin valorar la opinión de los estudiantes. Esto no es una proclama de izquierdas o de derechas. Es la opinión de un estudiante cansado de que se juegue con su futuro.